José Ramos Bosmediano, Lic. en Pedagogía, Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales, ex Secretario General del SUTEP y miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América (Canadá)
(a los maestros del Perú en Lucha)
La idea generalizada entre los apristas de abajo ha sido, desde la fundación del Partido Aprista Peruano en 1930, que Víctor Raúl Haya de la Torre y su organización estaban llamados a realizar en el Perú “la gran transformación”, vale decir, la revolución que el Perú requería. Claro que su programa inicial, aunque reformista, daba la imagen de constituir una bandera revolucionaria hasta por lo menos los años 40, a partir de los “cinco puntos” de su Programa de 1930-1931. También la beligerancia que los apristas desplegaron en los primeros 25 años (1930-1955) contra las dictaduras y contra la “vieja oligarquía” abonaba esa imagen “revolucionaria” del aprismo. El mismo significado tuvieron algunas intentonas de insurrección revolucionaria, especialmente la denominada “revolución de Trujillo” en 1932, tan heroica como espontánea. En la década de los 50, sin embargo, esta imagen empezó a opacarse para los sectores juveniles más lúcidos y más sinceros con el proyecto de transformación social que aparentemente trasuntaban los discursos de Haya de la Torre. El pacto de los líderes apristas con uno de los más rancios representantes de esa oligarquía tantas veces denostada por comunistas y apristas peruanos, Manuel Prado Ugarteche (pacto de 1956), fue la prueba más fehaciente de que el partido aprista sólo buscaba acomodarse al esquema del poder oligárquico. Pero es el triunfo de la revolución cubana la circunstancia en la cual la jerarquía aprista se desnuda mejor como fuerza reaccionaria y pro yanqui, lo que llevó a los verdaderos revolucionarios de las filas apristas a conformar un nuevo movimiento que se denominó, primero, “APRA Rebelde” (1959) e, inmediatamente, Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con Luis de la Puente Uceda, quien encabezó el movimiento guerrillero más importante de 1963-1966).
Muy pronto los trabajadores peruanos, los sectores estudiantiles y los propios intelectuales progresistas se dieron cuenta de que las poses “antiimperialistas” de Haya de la Torre no eran más que conductas engañosas para encubrir su verdadera faz de político burgués identificado con el anticomunismo y con la ideología de la socialdemocracia europea; pero, sobre todo, de conciliación con los sectores dominantes del Perú, lo que le llevó, desde 1963, a una alianza con el ex dictador Manuel Odría, perseguidor encarnizado de apristas y comunistas entre 1948 y 1956, cuyo gobierno se caracterizó por abrir las más amplias vías al capital imperialista, facilitar la economía de libre mercado y seguir manteniendo el dominio del gamonalismo. Lo anterior explica la pérdida de posiciones del partido aprista en el movimiento obrero, campesino e intelectual durante toda la década de los 60. Nada más claro para concluir afirmando que es la etapa en la cual se descubre mejor su entraña ajena a los intereses populares.
Durante la década de los 70, luego del remezón político que para el APRA significaron las reformas burguesas del gobierno militar del General Velasco Alvarado (1968-1975), los apristas se convirtieron en soportes políticos del subsiguiente gobierno militar del General Francisco Morales Bermúdez (1975-1980), cuyas políticas económicas empezaron a desmontar la reformas de su antecesor, especialmente en el agro y la industria, pero también en el rol económico del Estado, anticipando el proceso posterior de las políticas neoliberales luego de la llamada “década perdida” de los 80. Así como hoy el gobierno aprista arremete contra las huelgas y, particularmente contra los maestros del SUTEP, durante el gobierno de Morales Bermúdez los apristas se encargaron de enfrentarse en las calles y en las escuelas a los maestros durante las huelgas de 1978 y 1979, atacando las ollas comunes, invadiendo los locales del SUTEP en las provincias y reemplazando a los maestros en huelga; de manera que lo que hoy está haciendo el segundo gobierno de Alan García no tiene nada de novedoso. Esta misma conducta demostró durante su primer gobierno (1985-1990), cuando la hoy Presidente del Congreso, Mercedes Cabanillas, era la Ministra de Educación que, al tiempo que “dialogaba” con la dirigencia del SUTEP, lanzaba los perros policías contra los maestros, a quienes amenazaba con despedirlos por el “delito” de hacer huelga.
¿Qué es el APRA actualmente en el movimiento sindical? Una sigla sin contenido real: Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), herencia escuálida de antiguos esquiroles que la dirigieron cuando dominaban el movimiento sindical peruano, incluido el movimiento estudiantil y magisterial, afirmación que no debe servir para negar que en las filas sindicales apristas hubo dirigentes honestos, incluso anónimos, que lucharon con la convicción de que su partido conduciría, alguna vez, la transformación del Perú. En el supuesto negado de que esos pocos y heroicos apristas regresaran de su tumba y vieran lo que hace hoy el gobierno aprista, simplemente renegarían de su antigua filiación política y buscarían otra alternativa de verdadero cambio y transformación, como ocurrió con Luis de la Puente, Carlos Malpica, Alfonso Barrantes y muchos intelectuales que formaron parte del grupo “los poetas del pueblo”.
La ideología y la política apristas contra el pueblo son evidentes. Para ganar las elecciones en 1985 el señor Alan García ofreció reformar el agro y también la educación, además de enfrentarse al imperialismo. Pero, como ya todo el mundo conoce, gobernó con la gran burguesía industrial y financiera, cuyos más conspicuos representantes fueron denominados “los doce apóstoles”, muchos de los cuales mantienen su posición de dominio en el gobierno actual y en el manejo de la economía. Cuando la hiperinflación y el descontento popular convertían a ese gobierno en un harapo, el timador político que es Alan García quiso actuar como “revolucionario” y se “atrevió” a “tocar” los intereses de sus propios socios banqueros, barones estos que sin reparar en los beneficios obtenidos de su presidente García, encabezaron un movimiento “democrático” bajo la batuta intelectual de Mario Vargas Llosa, amante de la “libertad” y de la “democracia” occidental, mejor dicho del orden internacional de la globalización neoliberal. Entonces, pese a que este movimiento engominado amenazaba con tumbar al gobierno, Alan García no tocó a los manifestantes ni con el pétalo de una rosa, todo lo contrario de lo que hoy hace con los maestros, campesinos y pobladores que se enfrentan a las abusivas mineras.
El APRA ha llegado a convertirse en el partido neoliberal mejor dotado para gobernar en nombre de los grandes empresarios, nacionales y extranjeros. Como afirma el sociólogo Carlos Ballón al referirse al gobierno aprista actual, “...es el gobierno de derecha que empresarios y gente de esa corriente no pudieron tener” (Entrevista en La República, l4.07.2007, p. 3). La mejor opción para consolidar el programa neoliberal que ha dejado el nefasto gobierno de Fujimori y Montesinos, decimos nosotros. La política laboral es la misma. El trato al capital extranjero, igual. Los beneficios para el gran capital y para todos los sectores minoritarios que recogen a manos llenas los excedentes del actual crecimiento económico, siguen bajo las normas que ha dejado la dictadura de los 90. Esta es la orientación fundamental de la supuesta reforma educativa del actual gobierno aprista, receta del Banco Mundial que diseñó el proyecto de “mejoramiento de la calidad de la educación” para América Latina y El Caribe sin tocar las causas de la crisis de los sistemas educativos, introduciendo, como elemento básico de sus reformas, la privatizaciòn de la enseñanza y la desregulación del trabajo docente como mecanismos para disminuir cada vez más el gasto estatal en educación. Un instrumento de esta disminución del gasto educativo es la Ley de Carrera Pública Magisterial que ha sido preparada desde el fujimorato, pasando por el gobierno de Toledo, con la presencia de asesores y consultores que han obedecido a las órdenes del Banco Mundial, como ha ocurrido en la casi mayoría de los países latinoamericanos. La ley no tiene nada que ver con la elevación de la calidad de la educación, sino con la negación misma de la carrera pública magisterial y de los derechos de los maestros a tener una remuneración digna. El articulado de la Ley obvia la necesaria remuneración adecuada para todos los maestros y crea mecanismos de “ascenso” para grupos diferenciados supuestamente por su mérito, llegando al quinto nivel solamente un grupo que supuestamente percibirá el 100 % de las miserables remuneraciones de los niveles inferiores, que siempre serán la mayoría. Esto se agrava con el sistema de evaluación que, como el generado a trompicones entre agosto del 2006 y enero del 2007, no mide sino conocimientos que nada tienen que ver con la pedagogía. Y aunque la nueva Ley recoja de la Ley 24029 y su modificatoria 25212 algunos criterios para una evaluación más integral, por más que los maestros aprueben esas evaluaciones, su ascenso estará supeditado al número de plazas establecido para cada nivel, en porcentajes irrisorios para los niveles IV y V. A todo esto se une la municipalización de la educación, gran anhelo del fujimorismo y de todos los “expertos” y “líderes de opinión” que hoy, con mucho brío y otro tanto de ignorancia, aplauden la Ley porque es una “buena ley” (El Comercio dixit).
El “gran orador” (Martha Hildebrandt dixit) Alan García utiliza hoy el estilo lumpenezco de hablar contra los maestros y sus dirigentes, llegando a la ridícula caricatura de la vocación profesional como si fuera algo denigrante para una persona, como es un docente, el haber optado por esa profesión para trabajar y vivir. En adelante, toda persona inteligente debe alejarse de la profesión docente, pues quienes hemos elegido esta profesión por motivaciones sociales que estudia la sociología de las profesiones, somos no solamente “tarados”, sino, incluso “desgraciados”, “comechados”, etc. ¿Qué dirá la madre de Alan García, que también optó por ser maestra porque acaso “no tenía nada más que hacer en esta vida”? Es divertido, a veces indignante también, escuchar a quienes hablan sobre lo que no conoce porque nunca han estudiando la ciencia de la pedagogía, conocimiento especializado diferente a la seudo ciencia de la política criolla. Es increíble como indignante escuchar a personas legas en pedagogía hablar de los maestros y sus responsabilidades en la crisis de la educación peruana, en su jornada de trabajo, como si un maestro que enseña 24 o 30 horas pedagógicas a la semana en las aulas no utilizaría otras horas de trabajo para preparar las clases, corregir los trabajos y las evaluaciones, informarse adicionalmente, asistir a actividades extra clases los sábados o domingos, o quedarse más allá de las horas lectivas en la escuela para las reuniones con sus padres de familia, etc. Los que ignoran o pretenden ignorar este trabajo docente pueden, pues, opinar como les permite su ignorancia o su segunda intención para denigrar de los maestros peruanos. Si, como viene anunciando la burocracia del Ministerio de Educación, se obligará a los maestros a permanecer 30 ó 40 horas cronológicas en su escuela, estos, con todo derecho, se negarán a acudir a las actividades extra horarios, de manera que el afán de “ajustar cuentas” a los maestros no favorecerá el proceso educativo.
El gobierno aprista nunca ha tenido un proyecto educativo diferente al proceso educativo tradicional imperante en el siglo XX, siglo de su actuación política en el Perú. En su Programa de Gobierno aprobado por su I Congreso Nacional en 1930 se refieren a algunas políticas educativas muy parciales, como la promoción de la educación técnica, la alfabetización, etc.. Estas propuestas parciales son mencionadas por Haya de la Torre en su “discurso programa” de 1931, anunciando, muy ligeramente, “la escuela pública única”, elemento importante para convertir a la educación peruana en un proceso de democratización de la enseñanza, en el cumplimiento cabal de la gratuidad y la universalidad de la educación, postulado que sabe a vidrio a los neoliberales. Pero estas manifestaciones apristas no han pasado de devaneos criollos para aparecer como reformadores “responsables”. Hasta el propio Haya de la Torre se olvidó del postulado de la escuela pública, a tal punto que ni en la Constitución Política de 1979 se acordó introducirlo. Tanto vacío programático en materia educativa tiene el APRA que se ha visto obligado a mantener la reforma neoliberal de los 90, legalizada por la Ley 28044 (Ley General de Educación, 2003) y hacer suyo el Proyecto Educativo Nacional (PEN) del Consejo Educativo Nacional (CNE) que, a su vez, reproduce la propuesta de Foro Educativo, ONG que ha estructurado, en más de 15 años de trabajo, una propuesta curricular que se inspira en una combinación ecléctica de las pedagogías cristiana y pragmatista. Sobre esta base se han estructurado algunas propuestas concretas que pretenden pasar como nueva reforma educativa. En realidad, el verdadero proyecto educativo está en la Ley 28044. El PEN del CNE no pasa de ser su plan de desarrollo. Lo que llama la atención es que los dirigentes actuales del SUTEP exijan la aplicación del PEN gubernamental, olvidando que el sindicato magisterial tiene un proyecto educativo elaborado en 1992 y tres veces presentado al Parlamento peruano. Esta omisión explica, en parte, las dificultades para enfrentar los planes de destrucción de la carrera pública magisterial y el arrinconamiento del sindicato.
Es conveniente, en estas circunstancias, un nuevo análisis del Perú, de su educación y de la alternativa que requerimos. Este momento va ha pasar sin resolver nada. Y aunque se aplique la Ley perpetrada por los neoliberales en esa caricatura de congreso republicano, nuestra educación no cambiará, pues en la raíz de sus problemas está una historia ya periclitada y su porvenir depende de otra historia por construirse, que será obra del pueblo, de las masas, de los patriotas, de los que buscamos una alternativa socialista.
Trabajadores mineros, campesinos, frentes de defensa, maestros, estudiantes, tanta gente desocupada y cientos de miles de trabajadores sometidos a la sobre explotadora desregulación laboral, corresponde construir la nueva alternativa que requiere el país.
Lima, julio 15 del 2006
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