José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la Escuela Pública en América, ex Secretario General del SUTEP
Cuando la situación legal de las dirigencias que se disputan la conducción del Colegio de Profesores del Perú no ha sido aún definida por el Poder Judicial al cual recurrieron reclamando su correspondiente legalidad, desde el 2007 la supuesta dirigencia encabezada por el Profesor Carlos Gallardo viene realizando “elecciones” para que los maestros elijan a los decanos y demás componentes de de su consejo directivo en cada una de las regiones. Sin más lógica que el afán de asumir un cargo en el discutible Colegio de Profesores del Perú, algunos docentes han asumido la ilegal e ilegítima convocatoria, pretendiendo sorprender a los demás maestros con una institución que realmente, desde el punto de vista institucional, no existe y, por consiguiente, toda elección carecerá de efectos legales, como viene ocurriendo con el “Colegio de Profesores de Lima”, “elegido” en el 2007 y cuya “decanatura” ha sido otorgada al Profesor Jorge Ruiz Tejedo, no precisamente del grupo político del MDM de Carlos Gallardo ni del de Patria Roja de Soledad Lozano. Pero ahí está él sin arte ni parte en los quehaceres del magisterio y educación nacionales.
No es posible comprender la ubicación y el papel del Colegio de Profesores del Perú, que desde el segundo gobierno de don Fernando Belaúnde Terry se pretendió imponer a los maestros sobre la base de lo establecido por la Constitución Política de 1979 y también por la de 1993, sin considerar los orígenes y aplicación de una institución como son los colegios profesionales. Sus orígenes, en la Edad Media, se encuentran en las corporaciones de artesanos para el ejercicio del oficio correspondiente. Al surgir las profesiones denominadas liberales en el mundo moderno capitalista y bajo el imperio del libre mercado, médicos y abogados, principalmente, debieron de organizarse en Colegios para ejercer su profesión y cobrar sus honorarios. A estos profesionales se fueron agregando otros como los ingenieros, contadores públicos, etc., obligados también a garantizar su idoneidad profesional y el cobro de honorarios, lo que significaba para el Estado el cobro de impuestos. No olvidemos que durante el Virreinato español en América Latina se creó, en pleno siglo XVIII, el Colegio de Abogados.
En el siglo XX hubo estados que obligaron a crear Colegios de Profesores, como en Costa Rica, Canadá, Honduras, con un criterio estrictamente profesionalista, de orientación supuestamente académica para propiciar la superación profesional de los maestros. No es casual que en Honduras los maestros fueron obligados a organizarse en el Colegio de Profesores Superación Magisterial de Honduras (COLPROSUMAH), que nunca significó tal cosa, razón por la cual, durante la década de los 70, los maestros hondureños lo convirtieron en una organización sindical, adecuando su Estatuto para los fines de la defensa de los derechos del magisterio hondureño. En Canadá el Colegio de Profesores es un adorno, pues solamente se dedica a refrendar los títulos de profesor que otorgan las universidades como requisito para que sea nombrado en una plaza docente, cobrando una cuota mensual a cada maestro sin beneficio alguno para éste; Por la inutilidad del Colegio los docentes canadienses tienen su Federación sindical. Igual ha ocurrido en Costa Rica, donde el Colegio ha quedado en el recuerdo y los maestros costarricenses se han organizado en sus sindicatos, tanto de educación básica como de superior. ¿Y en Chile? Desde que los maestros comenzaron su lucha se organizaron en la Asociación General de Profesores de Chile, desde principios del siglo XX, glorioso sindicato que Pinochet reprimió y disolvió a punta de bala, creando el Colegio de Profesores de Chile y obligando a los maestros a filiarse a las AFP, modelo neoliberal de privatización de la seguridad social que copió el fujimorismo en el Perú. Sin embargo, los maestros chilenos supieron convertir al Colegio en un verdadero sindicato, aun sin cambiarlo de nombre como en Honduras. No es verdad, pues, como dijeron ciertos funcionarios y hasta algunos dirigentes magisteriales, que en toda América Latina y hasta en Europa funcionan los colegios de profesores con “exitosos resultados”. Es al revés, todos los maestros del mundo tienen sus sindicatos, afiliados a la Internacional de la Educación y no sus colegios de profesores. En México hay un Colegio, el Colegio de México, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sino con una entidad de intelectuales que se dedica a la investigación y la difusión de la cultura.
El SUTEP, a partir de la referencia anterior y del análisis de los supuestos fines y objetivos de los colegios profesionales, consideró inútil la creación del Colegio de Profesores y, si por razones de fuerza el Estado lo impusiera, se tendría que participar para impedir que sea utilizado como instrumento de debilitamiento y destrucción del sindicato. Esta decisión fue adoptada en el IV Congreso Nacional Ordinario del SUTEP realizado en Chiclayo en 1984. Desde entonces, todos los gobiernos de los 80 y 90 pretendieron imponer el Colegio, sin lograrlo. Hasta que el gobierno de Toledo, a través de un Parlamento tan inútil como el actual, lo logró, obligando a los maestros a colegiarse para ejercer la docencia. No es, pues, una institución buscada y querida por los maestros, sino impuesta por las necesidades del neoliberalismo, pretendiendo crear en los maestros la engañosa sensación de “superación” profesional y social, superación que no ha ocurrido en ningún país donde hubo el tal Colegio.
Si se leen bien los fines y objetivos del Colegio de Profesores del Perú, establecidos en su Estatuto, que además ha sido redactado por el Ministerio de Educación y no por los maestros, encontramos los más ingenuos postulados de la elevación de la calidad de la educación, del ejercicio probo de la docencia, de la superación profesional permanente de los maestros, agregando, para burlarse más, de las posibilidades de superación material y espiritual del profesorado a través de instituciones financieras y de otra índole. Es decir, en el Perú, el Colegio de Profesores podrá generar los más divinos resultados, no logrados por sus homólogos en otros países, y que no los tienen, además, los colegios profesionales de médicos, abogados, etc., en nuestro propio país. Si todos esos fines y objetivos fueran cumplidos por la presencia de los colegios profesionales, hace tiempo que en el Perú no tuviéramos los problemas de la salud, de la administración de justicia, de la producción y comercialización de fármacos bamba, de la administración de justicia, por ejemplo.
Quienes han realizado tanta propaganda para la creación del Colegio de Profesores no podrán demostrar, sin embargo, las virtudes que señalan para esta institución. Por eso es bueno señalar los objetivos reales de su imposición: a) convertir al Colegio en el único organismo de representatividad de los maestros, anulando el papel del sindicato (SUTEP); b) trasladar hacia los maestros, vía el Colegio de Profesores, la exclusiva responsabilidad de los problemas no resueltos de la educación, que no se resolverán ni con cien años de existencia del Colegio; c) responsabilizar a los maestros, a través de su Colegio de Profesores, de su bienestar material, librando al Estado de esa responsabilidad; d) crear en el magisterio peruano un espíritu reacio a reclamar del Estado sus derechos y reivindicaciones concretas, pues su tarea de superación profesional es la única digna de ser tenida en cuenta. ¿Para qué reclamar al Estado si el Colegio puede otorgar a los maestros mejores ingresos?
Causa extrañeza que habiendo razones históricas, profesionales y sociales para advertir a los maestros de la farsa de la colegiatura, haya quienes, en estos momentos, sigan quitándose una institución que ha demostrado su inutilidad y su propósito perverso de paralelizar al sindicato. Lo curioso es que en ambos polos de la contienda se escucha y se lee un grito similar: “colegio democrático, representativo para una educación de calidad y la superación profesional de los maestros”. Con todos los objetivos políticos que se puedan esgrimir para intervenir, en estas nuevas circunstancias, en la dirección del Colegio de Profesores, es una inconsecuencia que se oculte, en el debate, los verdaderos objetivos del neoliberalismo, y se soslaye el verdadero significado del Colegio de Profesores. Esta inconsecuencia se nota mejor cuando hay un debilitamiento de la dirección nacional del gremio, de una parte; de la otra, un afán oportunista de copar un espacio que se enfrente al SUTEP con objetivos políticos y de manejo económico, desde posiciones antigremiales y de defensa de una reforma educativa neoliberal. Hay quienes dividen el trabajo organizativo de los maestros en dos aspectos supuestamente diferentes y hasta contradictorios: el SUTEP con su lucha reivindicativa y el Colegio con su trabajo profesional académico. Una división del trabajo que toda ala experiencia internacional desmiente.
Cuando el Poder Judicial determine, finalmente, cuál es la situación jurídica de ambas partes en la disputa por el Decanato Nacional del CPPe, ambos habrán perdido su oportunidad y habrá una nueva convocatoria. Hasta entonces, los maestros peruanos deben haber superado los problemas organizativos del sindicato, lograr su fortalecimiento y su más amplia unidad; pero también retomar su lucha pedagógica por el proyecto de nueva educación en el Perú a partir de las propuestas sistematizadas en 1992. Una campaña de esclarecimiento se vuelve urgente.
Considerando la existencia de un número considerable de maestros jóvenes formados en medios académicos que han privilegiado los aspectos meramente didácticos de la pedagogía, incluyendo el adiestramiento en “marketing educativo”, descuidando los fundamentos históricos, filosóficos, sociológicos, antropológicos, políticos, se requiere un trabajo permanente de formación pedagógico-sindical. No hacerlo significará otorgar al neoliberalismo el camino más fácil para seguir tergiversando la conciencia de clase de los maestros peruanos para forjar las bases de una nueva educación en el Perú. Para este trabajo no se necesita ningún Colegio de Profesores, sino un sindicato que funcione como tal y asuma el trabajo programático, al tiempo que defiende los derechos de sus afiliados y los del pueblo peruano.
Iquitos, 30 de marzo del 2008
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sábado, 19 de agosto de 2023
NUEVO CONSEJO DE EDUCACION Y FIESTA PRIVATIZADORA
José Ramos Bosmediano, miembro investigador de la Red Social para la escuela Pública en América, ex Secretario General del SUTEP
Mientras el Parlamento peruano estaba tratando de discutir una nueva estructura del Consejo Nacional de Educación, el Poder Ejecutivo, el primer poder del Estado en el Perú después de la muerte de Haya de la Torre, ya había elegido a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de Educación, con el agravante de que el mismo ministro José Antonio Chang, autor de la "genial" idea del tercio superior, haya enviado al Legislativo un proyecto que le convertiría, si fuera aprobado, en el Presidente del CNE, considerando, además, que los consejeros actúan colegiadamente y ejercen sus funciones con plena autonomía y están prohibidos de actuar individualmente (cita de Constantino Carvallo, en Prohibidos, La República, 29/03/2008, p. 18). Aun cuando esta trapacería jurídico-administrativa no sea aprobada por el Pleno del Congreso, la situación del nuevo CNE no variará respecto a lo que fue el anterior: al final, las medidas fundamentales para seguir manteniendo la reforma educativa dejada por el fujimorismo las ha tomado y aplicado el Ejecutivo sin la intervención de los consejeros, quienes, en el mejor de los casos, solo se han pronunciado recordar que hay un PEN y un mandato para mejorar el presupuesto educativo.
Tanto los consejeros como algunos intelectuales y académicos han venido ponderando el accionar del Consejo Nacional Educativo cuyo mandato feneció el 22 del presente, con el argumento de haber "entregado al país" un PEN que, de aplicarse, la crisis de la educación estaría superada… en el 2021, sin tener en cuenta que el contenido de ese proyecto es casi el mismo del que dejara el Gobierno de Transición del 2000-2001 con el título de Acuerdo Nacional por la Educación; y sin considerar, principalmente, que el verdadero proyecto educativo neoliberal vigente tiene su base legal en la Ley General de Educación 28044, con cuyo contenido los consejeros están de acuerdo. De manera que el PEN, ahora del gobierno aprista, no pasa de ser un conjunto de buenas intenciones que no colisiona con la reforma educativa neoliberal.
En cuanto se conformó el nuevo CNE, uno de sus miembros reelectos, el señor León Trahtemberg, a través del informativo virtual EDUCACION AL DIA, edición del viernes 28 de este mes, retomó su vieja propuesta de conformar una especie de élite magisterial partiendo de la selección de los cinco mil mejores maestros, que podrán seguir aumentando hasta formar una "masa crítica" que garantizaría los mejores logros para superar la crisis. Esta propuesta, que viene de los 90, ya lo había hecho saber al fujimorismo, sin mayor fortuna. Hoy vuelve a lo mismo seguro de que los nuevos consejeros le apoyarán y el Ministro Chang podrá revivir su tercio superior para seleccionar a los mejores maestros.
Trahtemberg avanza más y plantea que los nuevos capacitadores de maestros deben ser seleccionados desde las universidades privadas, nada menos, desbocando su concepción privatizadora de la educación que durante el fujimorismo no tuvo reparos en mostrar cuando aconsejaba al régimen cómo poner en marcha su reforma neoliberal y cómo deshacerse de los maestros en actividad. Sintiéndose como dueño de la situación y sin asumir responsabilidades, como consejero que es y ha sido, del actual caos educativo creado por la evaluación reciente de los maestros, propone que el negocio de la educación es la única alternativa. Desde ya hay que imaginarse el nuevo escenario de la educación en manos de unos miles de maestros que estarían a la cabeza de la gran masa magisterial que para los neoliberales no sirven para nada. No nos olvidamos del papel que cumplieron los reformadores de la década de los 70, seleccionados entre los "mejores profesores" de aquellos tiempos, cuyo trabajo no repercutió positivamente en la educación peruana.
Como no tenemos "maestros de calidad", Trahtemberg propone recurrir a otros especialistas, académicos, técnicos, etc., para que sean ellos los nuevos abanderados de una reforma que consistiría en preparar maestros en técnicas de lecto-escritura y de conocimientos matemáticos, apelando incluso a los profesores de las academias pre-universitarias, todas privadas. El "experto" sionista no ha podido encontrar mejor momento que éste de mayor caos e incertidumbre para entregar su vieja propuesta privatizadora. Su concepción de capacitación magisterial es demasiado estrecha.
Cual mandarín criollo, enfila hoy sus sables hacia todas las facultades de educación y todos los institutos pedagógicos para cerrarlos "inmediatamente". Como no puede defender abiertamente a las facultades de educación de las universidades privadas ni a los institutos pedagógicos privados, no le queda más que proponer liquidar las facultades de educación e institutos pedagógicos en su totalidad.
Si este supuesto defensor de la educación del pueblo peruano sería consecuente, empezaría por solicitar la derogatoria del DL 882, impuesto por la dictadura fujimorista en 1996, que precisamente estableció la más amplia libertad y las garantías del Estado para la creación y funcionamiento de centros de educación superior privados, propiciando así la inversión privada en el negocio educativo. Como antiguo consejero oficioso no se interesó por las consecuencias que traería esa aventura privatizadora para la formación docente y para la creación de un mercado más barato de maestros, tanto para el Estado como para los negociantes de la educación, incluyendo a los dueños de los centros de educación por convenio, que hoy vienen exigiendo que se respete su plana docente con la permanencia de maestros que en la reciente evaluación han obtenido ocho o menos. ¿No se da cuenta de estos hechos el "experto" León Trahtemberg? Su propuesta, pues, encubre sus responsabilidades como consejero y como uno de los que más ha denigrado de los maestros peruanos y de su sindicato, el SUTEP.
La fiesta privatizadora que muchos vivieron con el fujimorismo renace hoy con el gobierno aprista. La educación es uno de sus filones, con un remanente importante para ser utilizado en todos los niveles educativos, pero con mayor rentabilidad en la educación superior a través de la apertura del comercio de servicios que contempla el TLC con los Estados Unidos.
¿Hay, realmente, algún viso de propósito sincero por la solución de la crisis de la educación peruana y, en particular, de mejorar la escuela pública en el Perú, por parte de los actuales gobernantes y de sus "expertos" como León Trahtemberg? Su evaluación sesgada del problema educativo y sus propuestas empírico-pragmatistas conducen a elitizar más la educación peruana. En este contexto, el Consejo Educativo Nacional sobra.
Iquitos, marzo 29 del 2008
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